Seguro de Discapacidad de la Seguridad Social (Título II de la Ley de Seguridad Social)
El Seguro de Discapacidad de la Seguridad Social (SSDI) es un programa federal que proporciona pagos en efectivo a las personas que son menores de 65 años, han ganado suficientes «créditos de trabajo» mediante el pago de impuestos de la Ley Federal de Contribuciones al Seguro (FICA), y cumplen con la definición de «discapacitado». Se calcula que 11 millones de personas reciben el SSDI con una prestación media de 1.000 dólares al mes. La cuantía de la prestación depende del historial de ingresos del trabajador, y existe un periodo de espera de 5 meses antes de que comiencen las prestaciones. Los cónyuges y los hijos a cargo de los trabajadores discapacitados pueden recibir prestaciones parciales. Después de recibir el SSDI durante dos años, una persona discapacitada pasa a tener derecho a Medicare.
Historia legislativa
El Seguro de Invalidez de la Seguridad Social (SSDI) se convirtió en ley con las Enmiendas a la Ley de Seguridad Social de 1956. Durante muchos años antes de esa fecha, los legisladores debatieron la definición de discapacidad y si las prestaciones en metálico eran o no un desincentivo para que las personas siguieran trabajando. Para garantizar la aprobación inicial, los legisladores acordaron limitar las prestaciones a las personas de entre 50 y 64 años.
Los legisladores reforzaron el programa del SSDI de 1958 a 1972 basándose en el superávit del fondo fiduciario de la Seguridad Social. Las prestaciones del SSDI se enriquecieron y la población elegible se amplió a los trabajadores menores de 50 años y a los viudos/viudas. La definición de discapacidad se aclaró para significar que el trabajador no sólo no podía realizar el trabajo que tenía anteriormente, sino que no podía realizar ningún trabajo en la economía nacional (teniendo en cuenta la edad, la educación y la experiencia). Sin embargo, a mediados de la década de 1970, el programa se vio afectado por un crecimiento del número de beneficiarios mayor de lo previsto y por el aumento del coste de la vida.
Un informe del Comité de Finanzas del Senado de 1979 sobre la legislación en materia de discapacidad identificó múltiples problemas que se abordaron en las enmiendas de la Seguridad Social de 1980. Entre ellas se encontraban la creación de incentivos para el trabajo, la uniformización de los procesos de determinación de la discapacidad dentro de los estados y entre ellos, y la realización de revisiones de las determinaciones. En la década de 1980, los individuos, los estados y las organizaciones que representan a los jueces de derecho administrativo presentaron demandas por el proceso de solicitud y revisión que se consideraba oneroso. La Ley de Reforma de las Prestaciones por Incapacidad de la Seguridad Social de 1984 pretendía proteger a los posibles beneficiarios y normalizar las políticas y procedimientos utilizados por la Administración de la Seguridad Social. La legislación también exigía a la SSA que revisara los criterios de la categoría «Trastornos mentales» en la lista de impedimentos.
La década de 1990 trajo consigo otro período de rápido crecimiento del programa, que llevó a la limitación de las prestaciones para las personas que sufrían de alcoholismo y abuso de drogas. El Congreso optó por un enfoque más amplio para fomentar el empleo a través de la Ley de Mejora del Boleto para Trabajar e Incentivos Laborales de 1999 (Ley Pública 106-70).
Sostenibilidad
La Ley Presupuestaria Bipartidista de 2015 garantizó que los programas SSDI y SSI pudieran mantener las prestaciones hasta 2022. Al promulgar la legislación, el Congreso pidió una investigación sobre el ahorro de costes.